Por considerar que no cuenta con garantías ante la Procuraduría General de la Nación, el alcalde de Tierralta, Fabio Otero Avilez, aseguró que acudirá a las instancias judiciales internacionales para esclarecer su caso.

Según el mandatario, no tiene garantías ante las pesquisas que adelanta la Procuraduría General de la Nación, con relación a las investigaciones frente a los hechos que rodearon el asesinato de María del Pilar Hurtado Montaño.

Las declaraciones del mandatario local se dieron este jueves 1° de agosto, después de que el viceprocurador Juan Carlos Cortés anunciara la impugnación del fallo de tutela que le permitió a Otero Avilez recuperar su cargo en la Alcaldía de Tierralta, tras haber sido sancionado durante tres meses.

“Ante los pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación, observo que no cuento con ningunas garantías por lo que acudiré a los organismos internacionales para denunciar estos hechos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter, el mandatario.

En el hilo publicado a través de la red social, el alcalde Otero Avilez señala también que “por las permanentes acusaciones de la Procuraduría he recibido más de 40 amenazas contra mi vida e integrantes de mi familia. Hago responsables a quienes me han señalado desde la Procuraduría General de la Nación de lo que me pueda pasar a mí o a cualquiera de mis familiares”.

El alcalde de Tierralta, había sido suspendido de su cargo hace poco menos de un mes luego de que la Procuraduría considerara que desde su cargo podría ejercer algún tipo de presiones para alterar eventuales elementos probatorios. Sin embargo, a través de una tutela, el mandatario había logrado recuperar su cargo, el pasado martes 30 de julio.

La decisión, que fue tomada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería, provocó la crítica del viceprocurador Juan Carlos Cortés, quien además sostuvo que el mencionado recurso judicial había sido fallado tras presuntas irregularidades.

La situación hizo que fuera suspendido de manera provisional el funcionario de la Rama Judicial identificado de manera preliminar como Alejandro Bernal Sotomayor, auxiliar administrativo grado 3, encargado del reparto de los procesos asignados a los distintos juzgados, quien se habría encargado de diligenciar la tutela presentada por el alcalde Fabio Otero.

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