La condena más ejemplar hasta el momento que se ha impuesto, le tocó a la exjueza, Isabel Loreley Montes Oyola: el Tribunal Superior de Bogotá emitió fallo de 27 años y 11 meses de prisión a la exjueza civil del circuito de Lorica.

La polémica exfuncionaria emitió ilegales mandamientos de pagos, en el que decenas de profesores se vieron beneficiados con pagos irregulares de pensiones inexistentes, que sumaron 80 mil millones de pesos.

El alto tribunal acogió la solicitud de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que la encontró responsable de 35 delitos de prevaricato por acción, 9 delitos de cohecho propio y 12 delitos de peculado por apropiación agravado por la cuantía a favor de terceros.

La pena impuesta es de 335 meses prisión, 20 años de inhabilitación al ejercicio de derechos y funciones públicas y una multa de 50.000 salarios mínimos legales. La decisión ordena que la exfuncionaria sea recluida en el establecimiento carcelario que disponga el INPEC.

Cuando reventó el escándalo, Isabel Montes logró burlar los operativos para evitar su captura. Permaneció al menos dos años prófuga, incluso salió de Colombia, hasta que se entregó en Montería.

Los hechos investigados ocurrieron entre 2010 y el 2012, y están relacionados con fallos, aparentemente irregulares, en los que el Juzgado Civil del Circuito de Lorica (Córdoba), en cabeza de la hoy condenada, ajustó las pensiones de varios docentes.

En las indagaciones se constató que, para sustentar las peticiones ante el juzgado, fueron presentados poderes falsos y documentos que simulaban resoluciones expedidas por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba que, supuestamente, reconocían las mejoras pensionales a un grupo de empleados del magisterio.

Las conductas detectadas habrían sido concertadas entre funcionarios y los abogados demandantes. Estos últimos son señalados de aportar los elementos espurios con los que se obtuvieron las sentencias.

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