Tras las rejas deberá continuar el alcalde de Purísima, Daniel López Palencia, tras la negativa del juzgado segundo penal de Bogotá a la petición de libertad por vencimiento de términos invocada por el polémico mandatario.

El juzgado dejó en firme la medida de aseguramiento del cuestionado abogado, involucrado del desfalco superior a $64.000 millones a los fondos del magisterio en Córdoba, en el denominado escándalo del Cartel de la educación, en el que al menos otras doce personas fueron capturadas en octubre de 2015.

Daniel López Palencia es acusado por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación. Según las investigaciones de la fiscalía en 2010, como abogado litigante, demandó ajustes de pensiones al magisterio, presentado falsos poderes de docentes.

Inicialmente fue capturado en 2014, pero quedó libre por presunto mal procedimiento de la orden judicial. Posteriormente presentó su nombre a la alcaldía de Purísima, semanas antes de elecciones se escondió para evadir nueva orden de captura y en la clandestinidad fue elegido alcalde.

Desde su escondite desafió con videos vía redes sociales advirtiendo que se posesionaría, antes del año nuevo de 2015 se entregó en Pinillos, remoto pueblo del sur de Bolívar, tras supuestos dolores estomacales pasaron las horas y fue dejado en libertad. El 2 de enero de 2016 llegó a Purísima sin ningunas dolencias y se posesionó frente a dos testigos, horas antes se le vio jubiloso en la iglesia del pueblo.

A los seis días fue capturado por el CTI en su despacho como alcalde, al que ingresó tras romper los candados que intentaron frenar que estrenara el puesto.

Daniel López aun ostenta el fuero como alcalde de Purísima, pues no ha sido condenado, para dar paso a convocatoria de elecciones atípicas, mientras tanto Orlix Kasandra Nieves sigue como encargada.

López Palencia permanecerá privado de la libertad en la cárcel La Picota en Bogotá, aunque la defensa del mandatario advertía que se habían cumplido los 240 días sin que se le resolviera la situación judicial.

Contra estos argumentos la Fiscalía General explicó que no se pueden calcular como tiempo a su favor las fechas de vacancia judicial, también las dilaciones provocadas por los litigantes y las fechas en las que no asisten los abogados a las diligencias judiciales.

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