Redacción General 

En menos de dos días, Lorica ha sido espectador de dos escándalos que tocan a su alcaldesa y funcionarios de la administración municipal. Después de oír de boca del procurador general de la Nación la apertura de investigación contra la mandataria Nancy Jattin Martínez, junto con varios funcionarios de la alcaldía y dos rectores por un proceso rotulado como «Estudiantes Fantasmas» (ver nota), ahora la Procuraduría Regional de Córdoba citó a indagación preliminar a 24 funcionarios públicos, la mayoría empleados de la Alcaldía Municipal, por presunta participación abierta en política.

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Se trata de unas evidencias visuales recogidas de una concentración política a favor de Luis José Álvarez, candidato a la Alcaldía del movimiento “Jattinista” que ostenta el poder local hace dos periodos.

La manifestación del pasado 8 de junio en el Colegio “Las Monjas” fue divulgada con júbilo por redes sociales. Fotos y videos con etiquetas políticas circularon sin parar. En varias piezas publicitarias quedaron en evidencia varios funcionarios de la Alcaldía, de distintos rangos. Las mismas fueron tomadas como pruebas para instaurar la denuncia ante la Procuraduría Regional, por considerar que violan las normas que prohíben su participación en actividades políticas. Hubo quienes alabaron al candidato y hasta fueron vistos en tarima.

Es de anotar que la mayoría de las pruebas colgadas en las redes sociales fueron borradas, cuando comenzaron a circular las denuncias.

Y es que desde días antes, y después de la publicitada reunión para mostrar respaldo al candidato del “jattinismo”, mucho se escuchó que hubo presiones indebidas para que funcionarios públicos, adeptos o no al movimiento político, asistieran, incluso arrastraran personas al polideportivo del colegio “Las Monjas”.

Entre los funcionarios denunciados y ahora en la mira del ministerio público, están secretarios de despacho, contratistas, coordinadores o jefes de áreas, y hasta docentes.

En el listado de citados figuran la secretaria de hacienda Sandra Doria Hernández, Leonardo Rada Segura, y Eduardo Espitia, secretario y profesional universitario de planeación respectivamente; también aparecen el enlace del programa Familias en Acción, Deivi Junco; el coordinador del Sisbén, Carlos Campos, el jefe de contrataciones, Miguel Burgos, también  vinculado al escándalo del “Cartel de los estudiantes fantasmas”. Otro que aparece relacionado es Hernán Peralta, jefe de talento humano del Camu Santa Teresita, también controlado por el grupo político que lidera la exsenadora Zulema Jattin Corrales, a través de la directora, Adma Teresa Manzur Martínez.

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En caso de hallar mérito, el organismo disciplinario podría proferir sanciones como destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta por diez años a los funcionarios denunciados.

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