La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra siete alcaldes del departamento de Córdoba por irregularidades en la ejecución de los recursos destinados para atender a los adultos mayores.

Los mandatarios llamados por el órgano de control disciplinario son: Juan Carlos Yances Padilla, alcalde de Los Córdobas; Ovidio Miguel Hoyos Paternina de Pueblo Nuevo; José Ignacio Gómez Ramos, de Valencia; Gilberto Ramírez Montes, de Planeta Rica; Teresa María Salamanca, de Chinú; Alejandro Javier Mejía, de Ciénaga de Oro, y Baldomero José Villadiego, mandatario de Sahagún.

Por este mismo escándalo fueron suspendidos por tres meses, y serán investigados los siete supervisores de los convenios interadministrativos celebrados entre los municipios y entidades sin ánimo de lucro, con el fin de prevenir la reiteración de la presunta falta disciplinaria.

La decisión cobija al secretario de Salud de Los Córdobas, Fabián Enrique Álvarez; al secretario del Interior de Pueblo Nuevo, William Antonio Bitar Álvarez; al secretario de Asuntos Municipales de Valencia, Henry Arévalo Aldana; al secretario de Gobierno de Planeta Rica, Eduardo Santander Sánchez; a la secretaria de la Mujer y Género de Chinú, Marcela Soto López; a la directora Local de Salud de Ciénaga de Oro, Sonia Elena López, y al coordinador del Programa Adulto Mayor de Sahagún, Yony Martínez Gloria.

Por este escándalo, en marzo de 2018 fue suspendida por tres meses Sandra Gómez Urbina, secretaria de mujer y género departamental. Dicha suspensión fue prorrogada por tres meses más.


Rosario de irregularidades

Entre las irregularidades detectadas y que dieron origen al denominado ‘cartel del bastón’, se encontraron inconsistencias en las planillas que justificaban la prestación del servicio, al tener datos  parciales o no contar con  la firma del beneficiario del programa.

El Ministerio Público también halló en los listados a personas que no tendrían el derecho por no pertenecer al Sisbén en los niveles I y II de atención, o por hacer parte del régimen contributivo.

También se detectaron personas a quienes al parecer se les suplantó la firma para hacerlos figurar como beneficiarios del programa. En otros casos los nombres consignados en los formatos no coincidirían con el número de cédula con el que el adulto mayor se habría inscrito en el programa.

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Igualmente se encontraron registros de personas quienes tendrían su lugar de residencia en un departamento diferente, y usuarios con cédulas que fueron dadas de baja por fallecimiento por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

 

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