La plenaria del Senado de la República aprobó en último debate el proyecto anticorrupción del Fiscal General de la Nación, que elimina cualquier beneficio para los que hayan cometido delitos contra la administración pública.

La idea es evitar que los corruptos puedan gozar de casa por cárcel y garantizar que estas personas paguen sus condenas en verdaderos sitios de reclusión.

Sin embargo, algunos parlamentarios han insistido que dicha medida tendría varios problemas y no alcanzaría a pasar en su etapa de conciliación en la Cámara de Representantes.

Una de las dificultades es la falta de consecutividad, ya que la propuesta jamás fue discutida entre los representantes. Además, otros indican que este artículo generará una avalancha de impedimentos entre los parlamentarios en la Cámara, lo cual retrasará varios días la aprobación de la conciliación y muy seguramente no alcanzará a estar lista antes del 20 de junio, fecha en la que termina la legislatura ordinaria.

El fiscal general (e), Fabio Espitia, dijo: “Espero que el trámite de conciliación con la Cámara sea extremadamente expedito y ojalá esto se convierta en ley de la República el próximo jueves”.

También se aprobó un inciso que establece que quienes sean condenados por delitos de corrupción deberán pagar su condena en la prisión y no en sitios especiales como las guarniciones militares.

La norma también entrega una inhabilidad de por vida para contratar con el Estado, a las empresas y personas naturales que sean sancionadas por esta clase de delitos.

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