Deibys Palomino
@DPalomino10

Tres años después de un fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba, que en su sala tercera multó con cuatrocientos salarios mínimos legales, equivalentes a 275 millones de pesos, a Autopistas de la Sabana por la mala planificación en la construcción de un puente en Lorica (Córdoba), el cual alteró y afectó la movilidad, el Consejo de Estado ratificó todo lo fallado y ordenado por el tribunal cordobés, y extendió los efectos a la Alcaldía, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la autoridad ambiental de Córdoba Corporación CVS.

La concesionaria privada Autopistas de la Sabana apeló la decisión del tribunal para evadir las responsabilidades por las afectaciones urbanísticas, ambientales y de movilidad que originó la obra, concebida para efectos contrarios y de paso reemplazar el viejo Puente Metálico de un solo carril a la entrada de la capital del Bajo Sinú, que hoy yace oxidado como pieza de museo, sin ninguna utilidad.

EL LÍO

Fue el personero municipal, Oswaldo Polo Corrales, quien en 2013 inició la contienda jurídica a través de una acción popular, en la que demandó la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados  con el goce de un ambiente sano y equilibrio ecológico, defensa del patrimonio cultural.

En su exposición, el funcionario señala que además violaron el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del centro histórico de Lorica y su zona de influencia, declarado Bien de Interés Cultural Nacional, por su riqueza arquitectónica, ecoambiental y cultural.

No obstante las advertencias de comunidades y defensores del patrimonio sobre los daños que la cuestionada obra causaría, inició la ejecución con la complacencia de las autoridades locales, el ministerio de transporte y la autoridad ambiental CAR-CVS.

Hubo reproches al entonces alcalde entre 2012 – 2015, Francisco Jattin Corrales, por no defender los intereses de la ciudad. En marzo de 2013, en un intento de concertación con la hoy exministra de transporte Cecilia Álvarez, se propuso concertar entre los actores los diseños de las posibles soluciones para mejorar la movilidad interna. Señala el expediente que no se realizaron y hubo decisiones unilaterales del contratista que no daban soluciones claras que mitigaran el impacto al problema vial.


Finalmente cuando el nuevo puente se puso en funcionamiento, se confirmaron los temores advertidos: el caos en la entrada a la ciudad se agudizó, los vehículos que venían del centro para tomar la carrera 25, o Avenida Bicentenario, se encontraban con el tráfico del puente. La calle cuarta que conectaba al centro con los barrios Cascajal, Centro Histórico, Navidad, Alto Prado con San José de Gaita, La Esmeralda y San Vicente, fue obstruida con un muro, hoy adornado con piezas de cerámica, cuyo punto sirve como acopio de basuras.

A pocos metros del nuevo puente sobre el Caño de Aguas Prietas, improvisaron con separadores para desviar el trayecto del punto donde convergen peatones y vehículos que entran, o salen de la ciudad y los que del centro toman la ruta al norte, o salida a Coveñas. Denuncia el personero que la accidentalidad es permanente.

Para completar la improvisación y afectación de la movilidad y el urbanismo, la calle quinta que históricamente fue la entrada de un solo carril al centro y zona comercial de Lorica, fue alterada con un estrecho carril en contravía, para quienes buscan la salida a Montería por el controvertido puente.

En el aspecto ambiental, Oswaldo Polo señaló que “la altura del puente no corresponde al manejo de cota de inundación (…) las pilas que soportan el puente se encuentran dentro del cauce del caño Aguas Prietas, (…) lo que prevé afectaciones en el flujo normal de las aguas”. Destacó además que la estructura fue levantada sobre terrenos humedales, afectados con la intervención.


Oswaldo Polo Corrales, personero de Lorica que interpuso la acción popular

No obstante los palpables daños y resultados contrarios a lo proyectado, el ministerio de transporte alegó que “lo que sorprende es que los que hoy demandan el amparo, no hayan acudido de manera temprana a impedir que con las obras ya concluidas se causaran perjucios…” En ese mismo sentido se movió el concesionario privado Autopistas de la Sabana.

Sin embargo estos argumentos, en instancia superior después de la impugnación del primer fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba, el Consejo de Estado ratificó todo lo fallado y ordenó a la Alcaldía de Lorica, a Autopistas de la Sabana y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) conformar un comité para los estudios técnicos de las obras que mejoren de manera definitiva la movilidad y la seguridad vial, en un término de seis meses.

El alto tribunal estableció que las obras complementarias deberán ejecutarse en un año, después de las formulaciones del comité técnico. Los gastos deben ser asumidos por el Municipio de Lorica, la ANI y Autopistas de la Sabana. Además ordena a la alcaldesa Nancy Jattin adoptar y ejecutar un plan de movilidad que garantice la seguridad en la zona de influencia. Para esto fijó un tiempo de seis meses.

La vigilancia del caño de Aguas Prietas estará a cargo de la CAR-CVS. La verificación de todo el conjunto será tarea del Tribunal Administrativo de Córdoba, el personero de Lorica, la ANI y el mintransporte, con el compromiso de emitir informes bimensuales acerca del cumplimiento de lo ordenado.

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