Después del escándalo destapado por LA FLECHA sobre los dos megacolegios que el Consorcio Mota Engil dejó en San Sebastián y El Rodeo, corregimientos de Lorica, Córdoba, se conoció el largo inventario de obras que la firma portuguesa dejó en las mismas condiciones en varias regiones de Colombia.

Aunque en un comunicado dirigido a LA FLECHA Mota Engil asegura que abandonó la construcción de la Institución Educativa Rafael Núñez de San Sebastián por supuestas extorsiones y amenazas, las cuales asegura notificaron a las autoridades, la alcaldesa de Lorica Nancy Jattin Martínez desmintió a la firma contratista, que no da fecha de reinicio de los trabajos suspendidos a finales de 2018, con sueldos atrasados de los obreros y deudas con los proveedores. Sin embargo la mandataria aseguró que su mandato no dejará obras inconclusas.



Escuche aquí entrevista con la alcaldesa de Lorica

http://www.laflecha.co/a-fondo/contratista-de-escuela-abandonada-en-lorica-denuncia-extorsiones-la-alcaldesa-desmiente/

Nancy Sofía Jattin desmintió amenazas invocadas por la contratista Mota Engil que dejó la obra abandonada. La Flecha

Además de los líos en Lorica, el periódico EL TIEMPO publicó la estela de irregularidades en los millonarios contratos que Mota Engil tiene en varias regiones del país. A continuación reproducimos la publicación.

En un documento de siete páginas, la Secretaría de Educación de Villavicencio le informó a la Contraloría General que aunque hace más de un año y medio le entregó al Ministerio de Educación 7.200 millones de pesos para construir dos colegios y mejorar una escuela en la ciudad, ese proyecto nunca culminó.

Esa queja, en la que la Secretaría asegura que pidió la devolución del dinero porque le informaron que el Estado no tiene plata para financiar las tres escuelas, fue una de las últimas denuncias que recibió la Contraloría en medio de un escándalo que en la última semana se conoció como el del ‘carrusel’ de los colegios.

Al menos 30 denuncias de alcaldes, secretarios de educación, concejales, congresistas, veedores, y hasta padres de familia, prendieron las alarmas en el órgano de control fiscal, por lo que en enero el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, declaró el asunto como “de impacto nacional”. 

Las alertas indican que el ‘carrusel’ podría estar generando millonarias pérdidas sobre un tema clave para el país: la construcción de más de 30.000 aulas nuevas y mejoradas. Con esto se buscaba resolver en buena parte el déficit de aulas en Colombia, estimado en 51.000.

El proyecto se inició en el anterior gobierno con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa 2015-2018, para el que se creó el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE). En el 2016, el Ministerio de Educación firmó una resolución para establecer las reglas de financiación, cofinanciación y ejecución de la estrategia para mejorar y construir los megacolegios en los que se pudiera implementar una jornada única, que les permitiera a niños y jóvenes estar ocupados todo el día en actividades académicas, deportivas y culturales. 

Pero en enero de este año, tras recibir las denuncias e iniciar una indagación preliminar, la Contraloría detectó que es poco lo que se ha cumplido de ese plan.  De las 30.000 aulas nuevas que debían estar listas en diciembre del año pasado, solo han construido 1.407 y apenas han entregado 230, es decir un 0,7 por ciento de lo proyectado, según las últimas cifras reportadas por el Ministerio de Educación. Esas aulas corresponden apenas a 79 colegios de los 543 contratados por el FFIE. Y de los 79 colegios terminados, solo se han entregado 14, lo que demuestra que la meta está lejos de cumplirse.

El retraso no se justifica, según la Contraloría, porque entre el 2015 y el 2018 el Ministerio de Educación y los entes territoriales aportaron por lo menos 2,5 billones de pesos para esas construcciones, de los cuales se les han girado a los contratistas 656.821 millones de pesos.

Aunque por ahora la investigación está en etapa de recolección de pruebas, las quejas que ha recibido el órgano de control fiscal le permitieron verificar que por lo menos en 43 proyectos hay sobrecostos en el valor promedio de cada aula. Incluso, en algunos casos el costo por aula supera siete veces lo proyectado en el documento Conpes del 2015 en el que se estableció que cada salón costaría en promedio 146 millones de pesos.

Es el caso del colegio Pompilio Martínez, de Cajicá (Cundinamarca), en el que cada aula terminó costando 1.039 millones; o el de la Institución Técnica de Acción Comunal, en Fusagasugá, con un costo promedio por salón de clases de 620 millones. Lo mismo ocurre con la escuela Nuestra Señora del Rosario de Pitalito, en Palonuevo (Atlántico), con aulas de 557 millones, y con el colegio San Joaquín, en la Mesa (Cundinamarca), con un costo promedio de 417 millones de pesos por aula.

Pero además de los sobrecostos, la Contraloría ha identificado reportes de costos que no serían los reales. Encontró, por ejemplo, que mientras en los registros del Ministerio de Educación figura que por colegios como el José María Córdoba, en Montería, se pagaron 1.367 millones de pesos, realmente se han girado más de 5.000 millones de pesos. 

Y en la sede de Cajicá (en donde ya se había detectado que las aulas salieron más caras), mientras en los registros aparecen valores pagados por 3.117 millones de pesos, el alcalde del municipio le confirmó a la Contraloría que lo girado por el colegio ya asciende a 4.500 millones de pesos.

Esos altos valores se dan pese a que los contratistas solo responden por la construcción, pues el lote, la demolición, la dotación y la puesta en marcha de los colegios corre por cuenta de los municipios. De hecho, el plan de infraestructura escolar determinó que sería financiado en un 70 por ciento por el FFIE, y en los casos en los que los municipios tuvieran recursos, el 30 por ciento se pagaría con dineros de las alcaldías. 

Es por esto que en los municipios a los cuales les han incumplido con las megaescuelas, como Villavicencio, hay quejas de los alcaldes que piden que les devuelvan lo que pagaron.


Hacinamiento escolar

Las denuncias conocidas por EL TIEMPO muestran los problemas que estos retrasos y sobrecostos están trayendo para la educación. Uno de esos casos es el de Duitama. En una carta enviada a la Contraloría y a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, el alcalde de ese municipio, Alfonso Miguel Silva, documentó el grave incumplimiento del contratista UTMEN en la entrega de cuatro colegios, con el agravante de que las viejas aulas fueron demolidas, pero aún no hay nuevos salones.

Silva asegura que pese a que el proyecto se inició hace dos años, la firma no ha entregado ni siquiera los diseños definitivos de los colegios. Esta situación, dice el alcalde, “ha generado un complicado problema de hacinamiento de nuestros estudiantes”, que han tenido que ser reubicados en espacios reducidos y estudiar en jornadas no habituales.

Una situación similar ocurre con el colegio Rufino José Cuervo de Armenia. Según una queja de los padres de familia, hace más de un año los profesores y estudiantes fueron trasladados a otra sede educativa para remodelar el colegio viejo. Pero las obras están paralizadas, por lo que la antigua sede del Rufino “parece un edificio colapsado por algún terremoto”, dice el documento.

Otra denuncia llegó desde el concejo municipal de La Virginia (Risaralda). En ella se afirma que de los tres colegios que se prometieron no se ha entregado ninguno. Estas obras inicialmente las tenía la firma Graña y Montero, que, tras resultar involucrada en Perú en hechos de corrupción relacionados con Odebrecht, se retiró del proyecto y este quedó en manos de Motta Engil. 

Según la denuncia de la concejal Yaneth Palacio Zuluaga, Mota Engil tiene la construcción de más de 200 colegios en todo el país, pero solo ha entregado cuatro. “Solicito apoyo para que este inconveniente se pueda solucionar sin afectar más la calidad de la educación. Este consorcio tiene acaparada la gran mayoría de proyectos de infraestructura educativa, pero ha demostrado que no tiene músculo financiero”, asegura.

En Cali, los proyectos también los tenía inicialmente Graña y Montero, y en el 2018 pasaron a manos de Mota Engil. Sin embargo, ninguno de los 24 colegios contratados está terminado y los estudiantes de algunas sedes demolidas han protagonizado protestas.

Y en Pereira, el alcalde Juan Pablo Gallo aseguró que aunque el municipio ya giró más de 8.745 millones de pesos para construir cuatro colegios, no han sido entregados. “La ejecución de los proyectos se encuentra en un estado crítico, ocasionando perjuicios al municipio por el aumento de deserción escolar. Existe un descontento en la comunidad por el incumplimiento en las promesas hechas por el FFIE”, aseguró.

En otras denuncias, la comunidad reporta que los colegios quedaron mal hechos. En San José del Guaviare, el rector de la Institución Educativa Santander, Rafael Antonio Moreno, aseguró que al colegio que entregó la Constructora Colpatria le quedó mal hecha la cocina y el aula de ayudas didácticas y administrativas tiene riesgo de inundación.



Lupa sobre contratistas

Aunque por el momento las investigaciones se encuentran en una fase preliminar y todavía no se puede hablar de responsables fiscales, la Contraloría les sigue la pista a las denuncias contra la firma portugesa Mota-Engil, la Unión Temporal Educar Oriente y al Consorcio Desarrollo-G4.

En un comunicado, Mota-Engil aseguró que las obras contratadas por el FFIE están siendo ejecutadas por 9 contratistas y que su firma tiene una participación importante en la construcción. Asegura que ninguno de los colegios en los que han hallado sobrecostos tienen relación con sus proyectos, y que de 250 instituciones que le corresponde construir, ha terminado 15. Los otros contratistas no se han pronunciado.

Ministerio dice que dos firmas tienen el  63 % de contratos

En febrero, el Ministerio de Educación aseguró que el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) evaluó 424 de las megaescuelas que se construyen en 235 municipios del país, obras adjudicadas en el Gobierno pasado. Según dijo, el 70 por ciento “presentan una situación de nivel de riesgo medio-alto y alto en su ejecución”.

Además, el FFIE encontró una concentración de contratos: una de las firmas tiene 252 proyectos (Mota-Engil) y la segunda, 87, por lo que están a cargo del 63 % de colegios.

El Ministerio aseguró que 31 colegios fueron demolidos “sin que el contratista hubiese iniciado la construcción” y abrió 108 procesos por incumplimiento. Ante las quejas, el Gobierno planea reestructurar el FFIE “para evitar estos procesos que perjudican directamente a nuestros niños y jóvenes, y a los entes territoriales que entregaron recursos y hoy no ven sus obras terminadas”.

0 Comments Tu opinión cuenta, escribe tu comentario →


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *