A pesar de aceptar los delitos de cohecho propio, prevaricato por acción y peculado por apropiación, en el entramado del denominado cartel de la educación en Córdoba, la exjueza de Lorica Isabel Loreley Montes Oyola quiere pagar la condena en su casa.

La solicitud hecha por su defensa deberá ser evaluada por magistrados. Ante ellos deben presentar varios documentos, entre ellos exámenes que le hicieron a Isabel Montes en el Instituto de Medicina Legal; también un oficio del Inpec, y otros. Posteriormente se conocerá si aceptan la solicitud de prisión domiciliaria, o si es enviada a la cárcel,  y el monto de la pena que debe purgar.

Ya el Tribunal Superior de Bogotá verificó el allanamiento de cargos, lo aprobó y emitió sentido de fallo condenatorio.

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Embargos por letras de cambio

Cuando en 2015 reventó el escándalo del robo de al menos 100 mil millones de pesos a los fondos del magisterio consignados en la previsora, Isabel Loreley Montes, que actuaba como jueza civil del circuito de Lorica, evadió el cerco en el que cayeron al menos doce personas entre abogados y funcionarios judiciales. Permaneció prófuga por espacio de tres años, hasta que se entregó.

En la audiencia de legalización de captura y formulación de cargos le enrostraron las faltas que cometió y que además burló la justicia; incluso se dijo que había salido del país.

Contra ella pesaban señalamientos por ordenar embargos irregulares, a cambio de millonarias coimas estimadas en 300 millones de pesos, contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

A pesar de todas las actuaciones fraudulentas, Isabel Montes Oyola actualmente está cobijada con detención domiciliaria.
Isabel Montes cuando enfrentaba audiencia en Montería

Se estableció que de su despacho judicial salieron órdenes de embargo estimadas en 160.000 millones de pesos, previa concertación ilegal con varios abogados que terminaron echándola al agua. Según destaparon en la audiencia, la funcionaria judicial previamente exigía una letra de cambio como prenda de garantía, que devolvía después de autorizar los millonarios embargos por ajustes salariales inexistentes a profesores, cuyos poderes fueron falsificados.

A pesar de todas las actuaciones fraudulentas, Isabel Montes Oyola actualmente está cobijada con detención domiciliaria.

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